Baja de Aportes Patronales para empleadores

La presidente Cristina Fernández anunció un proyecto de ley para la Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que apunta a reducir los costos laborales no salariales a pequeñas empresas a través de un régimen temporal de baja de las contribuciones patronales.

Con el proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral, que elevará al Congreso, se espera que el índice de trabajo en negro, actualmente del 33,5 por ciento, descienda en el 2015 a un 28 por ciento.
El plan crea un Régimen Permanente de Contribuciones de la Seguridad Social para empleadores que dispone un descuento del 50 por ciento en las contribuciones patronales de todos los trabajadores de las microempresas que empleen hasta 5 trabajadores, “sin que esto -aclaró- signifique ningún menoscabo para los derechos de los empleados”.
Asimismo, el Régimen de Promoción a la Contratación de Trabajo Registrado, que antes beneficiaba a todas las empresas, ahora se aplicará sólo a las Pymes.
Las que tengan hasta 15 trabajadores, durante los primeros 12 meses se les hará un descuento a las contribuciones patronales del 100 por ciento por cada nuevo empleado que tomen, mientras que en los siguientes 12 meses, ese descuento será del 75 por ciento.
Para las empresas que empleen entre 16 y 80 trabajadores, el descuento será durante dos años del 50 por ciento en las contribuciones patronales, y para las empresas con más de 80 trabajadores, el descuento será del 25 por ciento durante los primeros 24 meses, mientras los nuevos empleados reciban contratos por tiempo indeterminado, no temporarios o pasantías.
Con la iniciativa, que también contempla un fortalecimiento de las facultades nacionales de fiscalización laboral y la creación de un registro público de empleadores que incurran en fraude laboral, el Gobierno espera regularizar durante los próximos dos años unos 650 mil trabajadores que en la actualidad se encuentran en el sector informal. El proyecto aborda “el segundo problema que tienen los trabajadores”.
El proyecto remitido al Congreso prevé una amplia rebaja de las contribuciones patronales (SIPA, Pami, Fondo Nacional de Empleo, Régimen Nacional de Asignaciones Familiares y Renatea) para aquellas compañías que registren trabajadores informales o contraten nuevo personal.
Los beneficios están determinados por el tamaño de las firmas, y favorecerán en mayor medida a las microempresas de hasta 5 trabajadores (con posibilidad de extenderse hasta 7) que quedarán exceptuadas en forma permanente del pago del 50% de las cargas patronales cuando registren un empleado y siempre que no produzcan bajas en su plantel, no sean sociedades anónimas y no superen cierto nivel de facturación.
Además, recibirán como auxilio adicional un límite en las cuotas que cobran las ART, que deberá ser inferior al valor promedio de las cotizaciones del régimen.
La reducción de las cargas patronales también beneficiará por un período de dos años a las pymes y medianas empresas que contraten nuevo personal y siempre que no produzcan despidos. En el caso de las firmas de hasta 15 empleados, quedarán exceptuadas del pago de contribuciones para los nuevos trabajadores durante el primer año de relación laboral y pagarán 25% de las mismas durante el segundo año. En tanto, las empresas de entre 16 y 80 trabajadores ingresarán durante los dos primeros años de relación laboral el 50% de las contribuciones. En contrapartida, la iniciativa recorta las actuales excepciones que gozan las empresas grandes (más de 80 trabajadores), que durante los dos primeros años de relación laboral pagarán el 75% de las contribuciones (actualmente pagan el 50% el primer año y 75% el segundo). En ninguno de los casos las excepciones contemplan un recorte de los aportes al sistema de obras sociales.
Por otra parte, la iniciativa prevé la creación de un registro de empleadores que incurran en delitos de fraude laboral, quienes sufrirán sanciones que irán desde la anulación de subsidios y contratos con el Estado, hasta la limitación para el acceso a créditos de instituciones bancarias públicas. Además, en los casos de reincidencia perderán el acceso a todo tipo de beneficios impositivos.
Respecto al fortalecimiento de las facultades de fiscalización laboral del Ministerio de Trabajo nacional, el proyecto establece la creación de una unidad especial destinada a investigar situaciones de trabajo irregular con autoridad para actuar en todo el territorio nacional.

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*